“Vamos a presentar una querella en los próximos días contra quienes resulten responsables en este caso por los delitos de robo y receptación de bienes culturales que están protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales”. Así de enfática fue la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, durante la visita de este martes a las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) Metropolitana de la PDI, a la que también asistió el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.
En dicho lugar se encontraban 11 piezas que habían sido reportadas como robadas: 8 estatuas del Cementerio General (las cuales podrían pertenecer al sector protegido como Monumento Histórico); dos del Cerro Santa Lucía; la estatua La República sustraída el 2003 desde una plaza de Valparaíso, y cofres de la iglesia San Francisco, además de fósiles y otros objetos de valor histórico, incluidas armas de fuego.
El operativo se desarrolló luego que en agosto fuera publicaba una fotografía de la estatua “La República” en un diario local en un reportaje sobre la casa patronal, la que tenía encargo por robo desde 2003 cuando fue sustraída desde la Plaza Rubén Darío de Valparaíso. La querella se presentará por los delitos de receptación y eventual asociación ilícita, tipificados en el Código Penal; y por daño y apropiación de un monumento nacional, ambos contemplados en la ley 17.288 de Monumentos Nacionales.
“Quisiera hacer un reconocimiento a la labor diligente, rápida y efectiva que ha hecho la Policía de Investigaciones para detectar esta situación y para recuperar, con tanta prontitud, estas piezas”, dijo la ministra Valdés, quien agregó que “como ministerio, y como parte del Consejo de Monumentos Nacionales, próximamente vamos a ingresar al Congreso un proyecto para actualizar esta ley, incorporando la figura de tráfico ilícito de bienes patrimoniales. Aumenta las penas por daño al patrimonio cultural y crea también un inventario nacional para tener registro de los bienes patrimoniales de nuestro país”.
El subsecretario del Patrimonio Cultural, a su vez, enfatizó que lo descubierto en la hacienda de San Francisco de Mostazal “no es coleccionismo, es delito penalizado por nuestra legislación. No hay márgenes de interpretación: acá hay robo, sostenido en el tiempo, se han hecho las denuncias y la Bidema, en trabajo coordinado con la institucionalidad cultural, con el Consejo de Monumentos Nacionales y también con el Servicio Nacional de Aduanas, en mesas desde hace mucho tiempo, ha hecho el seguimiento, las denuncias recientes y se ha logrado esta incautación”.
