Es el instrumento legal que asegura la medida de protección para los monumentos nacionales en las categorías de monumento histórico, zona típica y santuario de la naturaleza.

Desde el año 1993 en adelante los decretos supremos pasaron a ser exentos, es decir a ser firmados por el Ministro de Educación. Y desde fines del año 2008 son afectos a toma de razón por parte de Contraloría General de la República.

A partir del año 1996, algunos de los decretos cuentan con planimtería asociada.